OBLIGACIÓN DE RELACIÓN ELECTRÓNICA CON LA AGENCIA TRIBUTARIA.

Hace un año se aprobó en el B.O.E. la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con fecha de entrada en vigor al año de su publicación en el B.O.E. (o sea, el 2 de octubre de 2016), con alguna salvedad.

Uno de los aspectos que regula esta Ley incide en la forma de relacionarse los contribuyentes con la Agencia Tributaria, motivo por el que la Agencia Tributaria ha divulgado una serie de aclaraciones importantes sobre esta cuestión, que resumimos a continuación:

Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica (ello afecta a comunidades de bienes, herencias yacentes y comunidades de propietarios), están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (no solamente con la Agencia Tributaria). Esta relación obligatoria incluye tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de Registros.

No obstante, esta nueva regulación de la Ley 39/2015 no afecta a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, por lo que seguirán presentándose como lo venían haciendo hasta la fecha.

Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigidos a la Agencia Tributaria sí deben realizarse obligatoriamente a través del registro electrónico. Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de la normativa vigente, que obliguen a la presentación en papel o soporte físico (tales como originales, avales, documentos notariales o judiciales, etc.).

En el ámbito aduanero, los documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera, se presentarán obligatoriamente a través del registro electrónico, excluyéndose únicamente las excepciones establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que lo desarrollan.

Es importante recordar que el incumplimiento de esta obligación de presentación electrónica puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003General Tributaria, que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Todos estos cambios entran en vigor a partir del 2 de octubre de 2016.

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