Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo – Código Penal

Debemos recordarles que, como ya les informamos, desde el día 1 de Julio de 2015 y a raíz de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo por la que se modificó el Código Penal, se introdujo un nuevo artículo 31 Bis en el que se consagraba, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Con esta última modificación del Código Penal se pretende potenciar que las empresas adopten un rol activo en la lucha contra la criminalidad que pudiera producirse en su seno, por ello fija de manera clara la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica si tiene implementado un Plan de Prevención de Riesgos Penales, también llamado Compliance Program.

La responsabilidad se extiende a los delitos que puedan cometer en el seno de la empresa tanto representantes como directivos, o incluso trabajadores, siempre que signifique un beneficio directo o indirecto para la compañía.

Las compañías deben de implementar mecanismos y procedimientos de control que aseguren una adecuada organización que no favorezca el riesgo jurídico-penal de que una persona física, integrada en la persona jurídica, cometa un delito.

Los programas de prevención de riesgos penales –Compliance Program– analizan el funcionamiento empresarial de las compañías, sus estructuras de decisión y gestión y sus campos de actuación, configurando de ese modo un mapa personalizado de riesgos penales de conductas que aparecen tipificadas en el Código Penal y en las que puede incurrir la compañía objeto de implementación y estableciendo mecanismos de evitación y control de dichos riesgos.

Debido a la urgente demanda el Departamento de Derecho Penal de nuestro bufete ha creado un servicio específico para la elaboración e implementación de Programas de Prevención de Riesgos Penales. Dicho servicio estudia, de acuerdo con las características concretas de su empresa, cuál ha de ser la mejor forma de organizar un Sistema de Prevención de Riesgos Penales, asesorando en la confección, implementación, supervisión y control del mismo.

Le informamos también que el Código Penal exige la creación, en el seno de la empresa, de la figura de un controlador (Compliance Officer) que de manera autónoma se responsabilice en el cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Penales instaurado.

Es nuestra obligación informarles que, en caso de delito, las empresas que no estén dotadas de un Programa de Prevención de Riesgos Penales podrían acarrear responsabilidades penales, independientemente de la responsabilidad penal del autor del delito, y ser condenadas con graves penas que pueden extenderse desde elevadas multas, hasta la posible suspensión de la actividad empresarial e incluso la disolución de la sociedad.

En la actualidad estamos verificando que de manera frecuente y habitual los procesos penales que se siguen por conductas cometidas en el seno de una compañía (por ejemplo: delito fiscal, apropiación indebida, administración desleal, falsedades contables, falsedades mercantiles, delitos contra el mercado de los consumidores, delitos informáticos, contra la libre competencia, etc.) no sólo se dirigen contra la persona física que ha cometido el delito, sino que extienden dicha responsabilidad a las compañías a las que éstos pertenecen, y también estamos verificando la necesidad de dotarse de forma obligatoria de un Programa de Prevención de Riesgos Penales –Compliance– que exonere o al menos atenúe a la compañía de las consecuencias penales previstas para esos supuestos.

Quedamos, pues, a su entera disposición para el caso de que usted desee dotarse de un Programa de Prevención de Riesgos Penales.

De estar interesados les ruego se comuniquen con el Departamento Penal de nuestro bufete para concertar una visita a su empresa y conformar el presupuesto oportuno para su preparación, desarrollo e implementación.

Atte.,

Fdo.: JOSÉ LUIS ROSILLO

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